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  EDITORIAL

 


Noviembre 2012
El Arbitraje avanza como método alternativo de resolución de disputas

El 10 de octubre de 2012 tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires el VII Congreso Anual de Arbitraje organizado por el Comité Argentino de Arbitraje Nacional y Transnacional (CARAT) y la Cámara Argentina de Comercio, en el marco del cual se debatieron distintos aspectos vinculados al arbitraje como método alternativo de resolución de disputas.

Los paneles abordaron la problemática existente con respecto a los efectos extraterritoriales de los laudos arbitrales y la relevancia que tiene la primera audiencia de organización del proceso arbitral. Asimismo se pasó revista a los distintos proyectos de ley de arbitraje que, hasta la fecha, no lograron ser sancionados y se debatió en particular la regulación del contrato de arbitraje en el actual proyecto de Código Civil y Comercial de 2012.

El evento demostró, una vez más, que el arbitraje reviste suma actualidad y que existe un fuerte respaldo desde los distintos sectores de la comunidad en que todo el avance que el arbitraje ha tenido en el país en los últimos años quede plasmado legislativamente para permitir un mayor desarrollo sobre bases que brinden mayor certeza jurídica.

El tema de los efectos extraterritoriales de los laudos generó un interesante intercambio de ideas sobre la interpretación de la Convención de Nueva York de 1958 y, en particular, sobre la posibilidad de ejecutar laudos interinos, finales, preliminares o interlocutorios bajo dicha Convención. También se debatió acerca de las medidas cautelares dictadas por un tribunal arbitral y sobre la posibilidad de ejecutarlas al amparo de la Convención de Nueva York, analizando los mecanismos por los cuales ellas serían ejecutables extraterritorialmente y las causales por las cuales el juez del exequátur podría negarse a reconocerlas o ejecutarlas. En el panel referido a la primera audiencia de organización del proceso hubo consenso en que esta audiencia permite a las partes poder organizar un procedimiento tailor made, es decir, a medida del interés o la necesidad de las partes en litigio. En esa audiencia generalmente se decide un calendario procesal el cual queda incorporado mediante una orden procesal. Entre las cuestiones que se recomiendan debatir en dicha audiencia se mencionaron la posible bifurcación del procedimiento para permitir el dictado de laudos parciales, la identificación de aspectos que pueden ser resueltos por acuerdo de partes o de sus expertos, la identificación de controversias a ser resueltas solo en base a documentos, la reglamentación del “discovery” y el establecimiento de formas y de plazos para la presentación de las declaraciones testimoniales e informes de expertos. Los panelistas hicieron hincapié en la importancia de esa audiencia para reducir costos y tiempos en el proceso arbitral, dar previsibilidad a las partes sobre el procedimiento, evitar la aplicación supletoria de normas procesales judiciales, y procurar, en definitiva que los tribunales arbitrales conduzcan el procedimiento considerando las particularidades del caso.

Por último, en el panel referido a las propuestas legislativas para regular el arbitraje, tuvo lugar un muy interesante debate sobre el nuevo proyecto de Código Civil y Comercial, que regula por primera vez en Argentina al contrato de arbitraje. Los panelistas destacaron la importancia de reconocer al arbitraje como método para resolver disputas y que el proyecto reconozca la autonomía del acuerdo arbitral, el derecho de los árbitros a decidir su propia competencia y el principio de favorabilidad del arbitraje. Hubo consenso en que ello constituye un hito importante en el derecho argentino que ratifica el reconocimiento del arbitraje como alternativa para dirimir controversias.

Se sostuvo que la regulación del arbitraje en el código de fondo (basada en el art. 75 incisos 12 y 13 de la CN) no va en desmedro de las atribuciones de las Provincias, las que conservan la atribución de regular otras cuestiones procesales como el proceso de integración del tribunal arbitral cuando las partes no consigan hacerlo por los modos convenidos, el alcance de la cooperación judicial para el desarrollo del arbitraje, la ejecución de los laudos y los recursos que pueden interponerse, materias típicamente procesales y que por ello quedan sujetas a la legislación local.

Se sostuvo que negar la facultad del Congreso de la Nación para legislar sobre el contrato de arbitraje en sus aspectos de capacidad, forma y efectos, sería reducir el arbitraje a un mero procedimiento, cuando en realidad es claramente una convención causada en la autonomía de la voluntad y herramienta indisolublemente ligada al comercio. El arbitraje supone la celebración de varios contratos: el contrato de arbitraje propiamente dicho, que se denomina normalmente cláusula compromisoria y que puede asumir también la forma del compromiso arbitral; el contrato entre las partes y los árbitros; y el contrato entre las partes y la institución administradora del arbitraje.

También se expresó que basar la responsabilidad de los árbitros exclusivamente en un contrato cuando en verdad el arbitraje tiene un fuerte componente jurisdiccional traería aparejada cierta imprecisión en cuanto a su alcance y extensión. Asimismo, se cuestionó la presencia de normas procesales vinculadas con el arbitraje y de cláusulas facultativas y se sugirió que fueran evitadas. Respecto a esta cuestión, se advirtió que las leyes de fondo muchas veces contienen disposiciones procesales sobre ciertas herramientas necesarias para su efectividad y que la confluencia entre derecho de fondo y procesal constituía una característica de este Proyecto de Código Civil y Comercial 2012.

Hubo coincidencia entre los panelistas en que el proyecto incorpora los principios rectores del arbitraje en el derecho argentino que ya se encuentran contemplados en varias convenciones internacionales que nuestro país ha ratificado, tales como el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Panamá, 1975), y la Convención de Nueva York de 1958 relativa a la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras.

En definitiva, el VII Congreso Anual de Arbitraje constituyó una muy buena oportunidad para seguir debatiendo distintos aspectos del arbitraje con el objetivo común de continuar difundiéndolo como un importante método para resolver conflictos que, algunas veces, no encuentran en la Justicia una adecuada y oportuna solución.

Santiago Soria – María Laura Velazco
Marval, O’Farrell & Mairal