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  NOVEDADES

 


Agosto 2019
Los arbitrajes de inversión contra países de América Latina y el Caribe representan el 28% de las demandas a nivel mundial

Según un informe del Transnational Institute (TNI), las demandas inversor-Estado se han multiplicado en las últimas dos décadas.

Entre 1996 y 2018, los países de América del Sur, América Central y el Caribe fueron demandados en 267 ocasiones, lo cual representa un 28,3% de las demandas inversor-Estado conocidas a nivel mundial.

De los 42 países de América Latina y el Caribe, 22 ya han sido demandados en el sistema internacional de arbitraje. Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Perú representan el 77,3% del total de las demandas presentadas contra países de la región.

Un dato interesante es que en el 70% de los casos resueltos los inversores salieron beneficiados de los arbitrajes. En un 89%, los demandantes proceden de Estados Unidos, Canadá y Europa. El caso de Argentina es paradigmático ya que 88,9% de las demandas resueltas contra el país fueron decididas favorablemente para el inversor.

En las últimas dos décadas, los Estados han pagado una cantidad de 21.807 millones de dólares como consecuencia de la pérdida de demandas, siendo el monto más alto el de 5.000 millones de dólares, que pagó nuestro país a la empresa Repsol como consecuencia de la expropiación de YPF.

El estudio también destacó que, de los 267 casos existentes contra los países latinoamericanos y caribeños, 6414 se relacionan con los sectores de minería, gas y petróleo, lo cual representa un 24% de las demandas.

Si bien 225 árbitros han participado de estos procesos, un grupo reducido ha sido nominado de reiteradamente. Aquí el ranking de los árbitros más elegidos.

Algo similar sucede con los estudios jurídicos convocados por las partes. El más convocado por los inversores es Freshfields Bruckhaus Deringer, con una participación en 39 demandas. Le sigue King & Spalding, con 30 demandas, y Baker & McKenzie con 10. Los estados, también suelen contratar a unos pocos Estudios, a excepción de Argentina que normalmente recurre a su propio equipo de abogados.

Acceda al informe completo haciendo click aquí.